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Redistribución de fondos de ANSES: Impacto en los jubilados aportantes


La mayor cobertura previsional lograda mediante moratorias y pensiones no contributivas ha tenido un fuerte impacto financiero, diluyendo los recursos disponibles para los jubilados que aportaron regularmente. Datos oficiales muestran que, a marzo de 2024, solo 3 de cada 10 beneficiarios del sistema habían cumplido con los 30 años de aportes requeridos. En contraste, casi 5 de cada 10 accedieron a su jubilación mediante una moratoria (es decir, con aportes incompletos) y el 23% restante solo percibe pensiones no contributivas​. En otras palabras, más del 70% de los jubilados actuales no logró los aportes completos, ya sea porque se acogieron a planes de regularización de deuda previsional o porque reciben directamente prestaciones asistenciales.


Esta expansión de beneficiarios sin aportes suficientes implicó una significativa redistribución de fondos dentro del presupuesto previsional, con costos fiscales elevados. Entre 2005 y 2015 –periodo en que se implementaron moratorias masivas– el gasto previsional nacional se duplicó del 5,6% al 11% del PBI​. Más recientemente, en 2022 el gasto en jubilaciones del régimen nacional alcanzó el 7,8% del PBI, de los cuales las jubilaciones vía moratoria representaron 2,3% del PBI​ (casi un tercio del gasto previsional de ese año). Como resultado, el sistema contributivo arrojó un déficit considerable: el Tesoro tuvo que cubrir con transferencias adicionales un faltante equivalente al 2,7% del PBI​. En la práctica, esto significa que una porción importante de los recursos previsionales (provenientes de impuestos y aportes) se destina a pagar haberes de personas que no contribuyeron plenamente al sistema, tensionando las cuentas públicas. De hecho, el organismo previsional ANSES hoy es altamente dependiente de los aportes del Estado para pagar jubilaciones, en detrimento de la mejora de haberes de quienes sí contribuyeron durante décadas.


Esta situación ha generado reclamos de equidad por parte de los jubilados aportantes. Muchos de ellos reciben haberes similares al mínimo jubilatorio, al igual que quienes nunca aportaron o lo hicieron parcialmente. Según datos de ANSES, el 90% de las jubilaciones obtenidas por moratoria cobran el haber mínimo o menos​. Esto evidencia una nivelación a la baja: aun quienes aportaron largos años terminan muchas veces con haberes mínimos. Diversos análisis señalan que, de no destinarse tantos fondos a beneficios sin aportes, podría mejorarse el ingreso de los “aportantes puros”. Por ejemplo, ya en 2010 se observaba que el dinero volcado a jubilaciones por moratoria (unos $50.000 millones anuales entonces) superaba con creces lo necesario para elevar todas las jubilaciones al 82% móvil del salario mínimo​. En la actualidad, las autoridades reconocen esta problemática: el propio director de ANSES habló de una "deuda pendiente con nuestros jubilados contributivos que han aportado 30 o 35 años" y señaló que se evalúan opciones para reconocer el esfuerzo de quienes aportaron durante toda su vida laboral​. Esto refleja cómo la redistribución interna de fondos previsionales, si bien logró una cobertura del 95% de los adultos mayores, ha planteado un dilema entre inclusión y sostenibilidad: se ha logrado jubilar a casi todos, pero a costa de prestaciones más bajas y un esquema financieramente frágil para quienes efectivamente financiaron el sistema con sus aportes.

Trabajo informal: retórica de la izquierda y sustentabilidad del sistema


La alta informalidad laboral en Argentina –estructuralmente en torno al 30-40% de los trabajadores– es un argumento central en la retórica de la política de izquierda para defender la ampliación de la cobertura jubilatoria. Desde esta visión, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas son políticas de justicia social que “reconocen la situación laboral real” del país​. Es decir, aceptan que una proporción significativa de trabajadores nunca pudo aportar regularmente (por empleo no registrado, tareas de cuidado no remuneradas, desempleo, etc.) y, por lo tanto, requieren del Estado para acceder a una jubilación. Organismos y referentes cercanos a posturas de izquierda subrayan que sin estas medidas la mayoría de las personas quedarían desprotegidas en la vejez. Por ejemplo, el CELS advirtió en 2024 que, de eliminarse la moratoria vigente, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones no podrían jubilarse debido a la falta de 30 años de aportes​. Esta situación afecta especialmente a las mujeres, sobre-representadas en empleos informales y en el trabajo doméstico no pago. No por casualidad, alrededor del 75% de quienes se jubilaron por moratoria son mujeres​ –muchas dedicadas a la crianza o tareas de cuidado–, y dichas políticas se presentan como un reconocimiento al valor económico de ese trabajo no remunerado. En esa línea, la narrativa oficial durante años justificó la expansión previsional en términos de solidaridad y equidad: ya en 2006, al prorrogar una moratoria, un decreto presidencial invocaba “el rol del Estado en la redistribución de la riqueza con equidad y de acuerdo a principios de solidaridad social”​. En resumen, el discurso de izquierda plantea que no es culpa del trabajador informal no haber aportado, por lo que el sistema debe incluirlo igualmente al jubilarse, financiándose con recursos generales si hace falta.


Sin embargo, si bien estas medidas lograron elevar la cobertura previsional por encima del 90% de los adultos mayores (una de las más altas de la región), su impacto en la sustentabilidad del sistema es motivo de alerta entre economistas. Expertos señalan que sostener jubilaciones masivas a personas que no contribuyeron adecuadamente genera desequilibrios financieros e incentivos perversos. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC) advierten que prorrogar indefinidamente las moratorias perpetúa problemas de alto costo fiscal, inequidad e incentivos a la informalidad laboral​. El razonamiento es claro: si una proporción importante de la población percibe que igualmente obtendrá una jubilación sin haber aportado (o con pocos años aportados), se debilita el incentivo a la formalización. En especial, los trabajadores autónomos o en negro podrían preferir seguir al margen del sistema, esperando acogerse luego a una moratoria, lo que retroalimenta la informalidad. Además, se genera una inequidad horizontal: quienes contribuyeron y quienes no terminan con haberes similares, lo cual puede percibirse como injusto y desmoralizador para los aportantes. Economistas como Jorge Colina (IDESA) subrayan que las moratorias han sido decisivas en el déficit previsional actual​, implicando que los trabajadores formales terminan, vía impuestos, financiando las jubilaciones de quienes no aportaron. Otros, como Jorge Vasconcelos (IERAL), señalan que “la alternativa a la moratoria no es dejar desprotegido” al adulto mayor, recordando la existencia de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) –un beneficio asistencial del 80% de la mínima– como opción más sostenible financieramente para quienes no cumplieron aportes​. En definitiva, la retórica de la izquierda enfatiza la inclusión social frente a la informalidad, mientras que los analistas financieros ponen el acento en cómo estas soluciones de corto plazo comprometen la sustentabilidad de largo plazo del sistema previsional si no van acompañadas de reformas estructurales (por ejemplo, políticas activas de formalización laboral y un esquema de pensiones más equilibrado).


Baja natalidad y pirámide etaria invertida: riesgo a futuro del sistema previsional


Más allá de las tensiones actuales, los factores demográficos subyacentes plantean un desafío aún mayor para la capacidad del sistema previsional en el futuro. Argentina enfrenta una rápida caída de la natalidad y un acelerado envejecimiento poblacional, lo que está invirtiendo la pirámide etaria. Según el Censo 2022, el país registró una tasa de fecundidad históricamente baja: el promedio de hijos por mujer cayó de 2,1 a 1,4 en apenas dos décadas​. Este nivel está muy por debajo del de reemplazo generacional, lo que implica que las futuras generaciones de jóvenes serán numéricamente más reducidas. Al mismo tiempo, la edad mediana de la población aumentó de 30 a 32 años​, reflejando una estructura más envejecida. CEPAL ya clasifica a la Argentina como “un país en etapa de envejecimiento moderadamente avanzada”​. En la práctica, la base de la pirámide poblacional se estrecha mientras su cúspide se ensancha: hay menos niños naciendo y cada vez más personas de edad avanzada, gracias a la mayor expectativa de vida​. De seguir esta tendencia, pronto habrá más adultos mayores que niños en la sociedad argentina​.


Las proyecciones a largo plazo anticipan serias implicancias para el sistema jubilatorio de reparto. Con menos jóvenes incorporándose al mercado laboral, se reducirá la cantidad de aportantes necesarios para financiar a una creciente población de retirados. Ya hoy se siente esta presión: en marzo de 2023 había apenas 1,8 trabajadores activos aportando por cada beneficiario previsional, cuando se estima que se necesitarían al menos 3 aportantes por jubilado para que el sistema se autofinancie​. Esta relación de dependencia se ha deteriorado en parte por la incorporación de casi 3 millones de nuevos jubilados vía moratorias en los últimos años. Por ejemplo, de agosto 2022 a agosto 2023, más de 100.000 personas accedieron a jubilarse por moratoria, frente a solo 15.600 que lo hicieron habiendo completado sus aportes​. Cada año, por tanto, ingresan muchos más jubilados que trabajadores cotizantes, ensanchando el desequilibrio. Si no se modifica esta dinámica, en algunos años la población económicamente activa será numéricamente menor que la población pasiva que depende de ella​ –un punto crítico donde el sistema tal como lo conocemos se vuelve insostenible.


A la disminución de jóvenes se suma la persistente falta de empleo formal. La economía argentina mantiene altos niveles de informalidad laboral (alrededor del 42% de los trabajadores no aportan al sistema según INDEC​, fenómeno que no muestra una mejora sustancial. Esto significa que, incluso dentro de una población activa más reducida, casi la mitad no contribuiría al fondo jubilatorio. En consecuencia, la base de financiamiento del sistema podría contraerse doblemente: por menos cantidad de trabajadores totales y por una baja proporción de trabajadores en blanco aportando. Mientras tanto, la proporción de adultos mayores creciendo (hoy más del 15% de la población tiene 60 años o más, y seguirá en alza) ejercerá mayor demanda de pagos previsionales. Este envejecimiento poblacional, combinado con un estancamiento o caída de la fuerza laboral formal, ponen en jaque la sustentabilidad futura del régimen de reparto.


Diversos estudios y organismos oficiales ya prevén un agravamiento del déficit previsional a largo plazo si no se adoptan medidas. Actualmente el Estado destina en torno al 10-11% del PBI para financiar el conjunto del sistema previsional​, la mayor partida del presupuesto nacional. Dada la evolución demográfica, es inevitable que esa carga crezca en las próximas décadas​, salvo que se tomen acciones correctivas. De lo contrario, mantener las jubilaciones requerirá cada vez más recursos del Tesoro (es decir, de impuestos o deuda), tensionando las finanzas públicas y posiblemente sacrificando otras áreas de gasto social. Proyecciones de largo plazo realizadas por expertos independientes sugieren que, con una pirámide invertida, el gasto previsional podría absorber una proporción insostenible del ingreso nacional. Por ejemplo, un informe de la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro alerta que, manteniendo la tendencia actual, en el futuro cercano los aportantes serán menos que los jubilados a sostener, algo sin precedentes que exige reformas urgentes.

En síntesis, la baja natalidad, la reducción de la población joven y el envejecimiento general configuran un escenario desafiante para el sistema jubilatorio argentino. Menos cotizantes y más beneficiarios implican que el esquema actual de reparto deberá adaptarse para sobrevivir. Los especialistas coinciden en la necesidad de encarar reformas de fondo con visión de largo plazo –por caso, estimular la formalización del empleo joven, revisar parámetros como la edad jubilatoria, fomentar esquemas complementarios de ahorro, y garantizar reglas claras de ajuste de haberes– para equilibrar la balanza demográfica. De lo contrario, la combinación de pocos jóvenes, muchos mayores e informalidad persistente amenazará la capacidad del sistema previsional de brindar prestaciones dignas y sostenibles en las próximas décadas​



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